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Derechos de los contribuyentes

El artículo 34 de la Ley General Tributaria relaciona los derechos y garantías de las personas que tienen alguna obligación tributaria.  Entre otros, y de manera resumida, son los siguientes:

  • Derecho a ser informado y asistido por el Ayuntamiento por lo que hace el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
  • Derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que sean procedentes, con abono del interés de demora sin necesidad de requerirlo.
  • Derecho a ser reembolsado del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si estos se declaran total o parcialmente improcedentes por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de requerirlo, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.
  • Derecho a utilizar la lengua catalana.
  • Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los cuales sea parte.
  • Derecho a conocer la identidad de las autoridades y el personal al servicio del Ayuntamiento responsables de la tramitación de las actuaciones y los procedimientos tributarios en que tenga la condición de persona interesada.
  • Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones presentadas, así como a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que lo aporten junto con los originales para su confrontación, y derecho a la devolución de los originales de los documentos mencionados, en el supuesto de que no tengan que constar al expediente.
  • Derecho a no aportar los documentos ya presentados por la misma persona y que estén en poder del Ayuntamiento, siempre que el obligado tributario indique el día y el procedimiento en que los presentó.
  • Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por el Ayuntamiento, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos la gestión de los cuales tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros excepto en los supuestos que prevén las leyes.
  • Derecho a ser tratado con el respeto y la consideración pertinentes por el personal al servicio del Ayuntamiento.
  • Derecho a que las actuaciones del Ayuntamiento que requieran su intervención se lleven a cabo de la manera que le resulte menos costosa, siempre que esto no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
  • Derecho a formular alegaciones y aportar documentos que tienen que ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la propuesta de resolución correspondiente.
  • Derecho a ser escuchado en el trámite de audiencia, en los términos previstos por la ley.
  • Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que tengan que ser objeto de adquisición o transmisión.
  • Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección, sobre la naturaleza y el alcance de estas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de estas actuaciones y que estas se desarrollen en los plazos previstos por la ley.
  • Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.
  • Derecho a formular quejas y sugerencias en relación al funcionamiento de los servicios tributarios del Ayuntamiento.
  • Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
  • Derecho a presentar en el Ayuntamiento la documentación que consideren conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que esté desarrollando.
  • Derecho a obtener copia a cargo suyo de los documentos que integren el expediente administrativo en su trámite de puesta de manifiesto en los términos previstos por la ley.  Este derecho se puede ejercer en cualquier momento en el procedimiento de constreñimiento.

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